Las Cajas Profesionales - ¿Cuál es su función?

Un título muy ambicioso, que también podría llevar como pie la pregunta de si "¿Realmente protegen a sus afiliados?", partiendo de la base que la justificación jurídica al momento de su creación suele ser, precisamente, la de proteger al universo de profesionales hacia las que están dirigidas.
Dado que existen infinidad de Cajas Profesionales dentro del país, y presumiblemente en otras partes del mundo también, circunscribiré mi análisis, en principio, a la que mejor padezco, es decir, la Caja Forense de la Provincia de Río Negro y, dentro de ese ámbito, a la realidad que me resulta posible percibir en la IIIera. Circunscripción Judicial.  Antes de comenzar, sin embargo, quiero dejar aclarado que no me opongo a su existencia ni a la filosofía que animó su creación, por el contrario, considero preferible aportar a un sistema que permita un control más o menos inmediato por parte de sus aportantes y futuros beneficiarios que hacerlo hacia un sistema elefantiásico sobre el que ningún control puede ejercitarse.*
Sin embargo, y precisamente en aras de ese control por parte de quienes somos los destinatarios de sus servicios, considero que en este momento corresponde hacer una profunda revisión de los mecanismos de administración y asignación de sus recursos, ya que daría la impresión de que, en lugar de proteger a los profesionales que promovieron su creación asegurándoles principalmente la percepción de una retribución justa por su trabajo y eventualmente una vida post-laboral medianamente digna.

Aquí quiero destacar que la ley provincial D N° 869 (para ver la ley, pedir la búsqueda, ya que el sistema informático del Digesto no permite linkear el resultado) expresa que son propósitos esenciales de la Caja Forense los de ".. extender a los abogados y procuradores, los beneficios de la seguridad social y cooperación mutua...", así como los de "... asegurar a los mismos, una retribución digna y justa para su actividad profesional, y la regular percepción de ella...". (art. 1ero.). Y entre sus finalidades -que, supongo, deben entenderse orientadas a tales objetivos- detalladas en el artículo 2do. se encuentran las de organizar la prestación de los siguientes servicios sociales: "..un sistema previsional, de jubilaciones y retiros", "Subsidios", "préstamos", "seguros", todo eso "... en la medida de sus recursos..." (inc. c).

 Contrastando los propósitos declarados normativamente con la realidad de las exigencias actuales (exigencias que, desde lo estrictamente legal, no se sabe de dónde surgen, toda vez que no existe publicada a la fecha en que se está escribiendo esta nota Resolución alguna que las avale) (1). A la fecha en que se escribe esta nota (28/02/2014) la Caja Forense informa que el mínimo para ingresar al denominado "Reparto Semestral" correspondiente al 1er. Semestre de 2014 (con vencimiento el 20/05/2014) para un afiliado con 20 años de antigüedad es de $ 9.600.-, lo que equivale a ingresar al sistema aproximadamente $ 1.600.- mensuales; $ 1.600.-/mes que, siendo congruentes con el método de asignación de recursos a la entidad dado por la ley D N° 869 (es decir, que representen el 11% de las regulaciones de honorarios habidas por el profesional en juicios ordinarios, dejando de lado sucesiones (2)), implican que un abogado con 20 años de antigüedad deberá percibir en concepto de remuneración mensual por sus trabajos realizados en sede judicial una suma que ronde los $ 15.000.- como mínimo, o $ 180.000.- (ciento ochenta mil) anuales - equivalente a una categoría "F" del monotributo.(3)
Probablemente quien esté leyendo hasta aquí se encuentre ya medio perdido, y además sospeche que, después de todo, $ 15.000.- mensuales como remuneración para una persona que viene desarrollando una actividad desde hace 20 años o más no parece desproporcionado. Coincido plenamente con el lector que lo piense así, ya que parece el mínimo para vivir decentemente. Tampoco pareciera que existan hoy en día muchos empleados en relación de dependencia, aún cuando tengan una larga vida laboral, que perciban ese nivel de ingresos. Sin embargo, hay algunas aristas más que deben necesariamente considerarse en este contexto que agravan grandemente el cuadro de situación. Veamos:
(A) Cuando la ley D 869 se refiere a los porcentajes sobre los cuales se debe calcular el aporte, habla de "honorarios devengados" (salvo el caso de los aportes sobre sucesiones, en que refiere a "honorarios regulados"). Ésto es una barbaridad, se mire por donde se mire. Técnicamente, ésto implica que el aporte debe realizarse respecto de cualquier actividad realizada en sede judicial, aún cuando no estuviese regulado y ni siquiera finalizada la labor, mucho menos percibido el honorario correspondiente. Es claro que si se pretendiera aplicar literalmente la norma se estaría ante una imposibilidad jurídica, toda vez que, al no estar regulados los honorarios no sería factible calcular el porcentaje correspondiente, razón por la que hasta donde tengo conocimiento la Caja Forense sólo requirió el cobro de tales porcentajes respecto de los que estuvieren regulados, convenidos o estimados - es decir, llegada la etapa judicial correspondiente que, como todos saben, puede insumir varios años.
(B) Por otra parte, aún cuando se pretenda, como efectivamente se ha venido haciendo, que el aporte corresponde sobre honorarios regulados (como es, por otra parte, el caso de las sucesiones, a tenor del inc. a) del mismo artículo 14°), cualquier profesional sabe porque lo ha padecido en carne propia que "honorario regulado" no es igual a "honorario percibido", siendo por lo general este último un porcentaje más o menos significativo -según los hados que protejan al letrado- del primero. Creo que podemos considerar con cierta seguridad (y por favor corríjanme si me equivoco) que solamente alrededor de un 30% del honorario que se regula se percibe en forma más o menos inmediata. En este caso, un letrado debería tener regulaciones de honorarios en cada semestre que excedan en aproximadamente 3 (tres) veces el monto mínimo de ingresos que la Caja estima sin admitir prueba en contrario como viable para el letrado, es decir, digamos, unos $ 45.000.- mensuales o $ 270.000.- semestrales, o $ 540.000.- anuales.(4)
(C) Continuando con las proyecciones, lo antedicho implica que deberían percibirse en cada semestre los honorarios correspondientes a no menos de 10 (diez) juicios cuyas regulaciones no sean inferiores a los $ 9.000.- (nueve mil), o 100 juicios con regulaciones de como mínimo $ 900.-, cifra mucho más realista en lo que a regulaciones judiciales se refiere. Considerando entonces que podemos estimar un promedio de duración de cualquier juicio ordinario civil -exceptuando las ejecuciones promovidas por las financieras, que además se encuentran concentradas en unos pocos letrados- en unos cinco años, ésto quiere decir que para tener en cada semestre 100 juicios cobrados, hay que poder percibir los honorarios correspondientes a 200 juicios en el año, lo que nos lleva a deducir que en cada momento hay que tener aproximadamente 1.000 juicios en trámite; a la vez, si en el foro local (5) se encuentran matriculados más de 400 abogados, ésto implica que deberían tramitarse aproximadamente 400.000 (cuatrocientos mil) juicios concomitantemente, o algo más de 35.000 (treinta y cinco mil) causas en los entre 11 y 12 juzgados existentes (6) . Salvo nuevamente el caso de las financieras, que entregan un gran volumen de trabajo, no parece ésta una cifra realista para ser considerada como base de cálculo respecto de la mayoría de los letrados.
(D) Debe además tenerse en cuenta que el profesional independiente, contrariamente al empleado en relación de dependencia, tiene que sumar al aporte exigido por la Caja Forense (que es exclusivamente previsional y, si tiene suerte, también de obra social) otros aportes: IIBB (con un mínimo a la fecha de $ 200.-/mes, es decir, $ 1.200.- semestrales o $ 2.400.- anuales); Monotributo (sin componente previsional, en categoría "F": $ 557.-/mes, o $ 3.342.- por semestre, o $ 6.684.- por año), Gastos de Estudio (alquiler, teléfono, internet, papelería, transporte, servicios, todo lo cual raramente será inferior a $ 1.500.-, lo que hará que sus gastos por el "privilegio" de trabajar en un servicio comunitario rondarán los $ 4.000.- Eso sin contar gastos en capacitación (bibliografía, asistencia a cursos, jornadas, congresos, etc.), esenciales para mantener su competitividad y capacidad laboral, los cuales son imposibles de cuantificar 'a priori'. Sin embargo, a título informativo: Una maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales tiene un costo de $ 960.- mensuales durante 10 meses ($ 9.600.- al año); el último Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo, realizado en el mes de septiembre de 2013, tuvo un costo de $ 1.300.- (Fuente: Sociedad Argentina de Derecho Laboral -SADL- )
(E) Deducidos todas esas erogaciones, el saldo es lo que le queda al profesional para afrontar sus gastos cotidianos de vivienda, vestimenta, alimentación y esparcimiento (cuando le queda tiempo para ello) propios y de su familia (un profesional de la antigüedad mencionada tendrá además por lo general hijos en edad de recibir educación media o superior). Si tiene la suerte de poder percibir mes a mes un ingreso estable que promedie los $ 15.000.-, entonces le quedarán alrededor de $ 10.000.- para afrontar esos gastos, de los cuales probablemente aproximadamente el 40% esté destinado a pagar alquiler. Ni soñar con haber adquirido vivienda propia, y menos con irse de vacaciones!
Ésto, claro, siempre y cuando, además, logre con el ejercicio profesional independiente generar ese nivel de ingresos!
(F) La progresión lineal basada en la antigüedad en la registración omite tomar en cuenta variables que pueden afectar a cualquier profesional, pero en general aún más a las mujeres, quienes con mayor frecuencia que los hombres en determinados momentos postergan o disminuyen el nivel de su actividad profesional en virtud de volcar su energía a proyectos familiares. Tampoco toma en cuenta los períodos intermedios en que el profesional pueda haber postergado su actividad independiente para desempeñarse en alguna función pública o privada que no le generara honorarios profesionales.(7)

Resulta claro que todas estas proyecciones están basadas en una percepción absolutamente a-científica, ya que hasta donde tengo conocimiento no se han hecho estudios estadísticos de ninguna de estas variables. Hecha una consulta informal a un juzgado acerca de si era posible conocer el monto total de regulaciones efectuadas durante un año, se me informó que ello no era posible. Cabe entonces preguntarse bajo qué parámetros determina la Caja Forense los ingresos con que podrá contar, ya que su enfoque pareciera más bien partir del extremo opuesto de la ecuación: establecer primero el nivel de gasto sin importar a cuánto ascenderá éste y luego imponer a su universo absolutamente cautivo una obligación cuasi-tributaria que cubra ese nivel establecido 'a priori'. Exactamente en contraposición a lo establecido por el art. 2do. de la ley D 869, que dispone que las prestaciones lo serán "en la medida de sus recursos".

Aún quedan unos cuantos aspectos por analizar, que serán materia de un próximo post. En tanto, me gustaría recibir las opiniones y apreciaciones de quienes me lean. Asimismo, me gustaría que empecemos a pensar en estadísticas serias respecto del nivel económico de la actividad y de qué parámetros deberían evaluar esas estadísticas(8), por favor dejar sus ideas en los comentarios.


* Queda por determinarse si un sistema con un universo de usuarios tan acotado es viable, punto acerca del que tengo serias dudas.
(1) Consultado el sitio web, la última resolución publicada es la N° 106/13, del mes de junio 2013, referente a reestructuración de créditos con demanda judicial, y la inmediatamente anterior es del mes de agosto de 2012, relativa al sistema de asignación de puntajes para el haber previsional, ello pese a que bajo el título "Resoluciones", en la pestaña "Normativa" se asegura que "... Este espacio quiere ser un lugar de consulta permanente donde encontrarán las últimas resoluciones que modifican la ley 869..."
(2) cfr. art. 14, ley D 869
(3) Por otra parte, debe destacarse que según se informa en el sitio web de la AFIP, el monto total que debería ingresar mensualmente un monotributista de categoría "F", que incluye los componentes tributario, previsional y de obra social, es, para las locaciones de servicios, de $ 703.- ¿Cómo se compara eso con los $ 1.600.-, es decir, un 228% más, que se exige al afiliado de Caja Forense de RN?
(4) No he podido obtener estadísticas respecto de las regulaciones, pero aún sin ellas, creo que no hay asuntos suficientes ni en cantidad ni entidad como para asegurar ese nivel de regulaciones a todos los letrados que integran la franja de 20+ años de antigüedad. Aquí debo puntualizar que, contrariamente a otras actividades, los letrados que se encuentran jubilados por el sistema de la Caja Forense en su gran mayoría, por lo menos en el foro local de Bariloche, siguen trabajando, probablemente por costumbre, pero fundamentalmente porque la jubilación que percibe no les resulta suficiente para mantener un nivel de vida que aparezca como aceptable. Por ende, siguen ocupando un espacio laboral que quita posibilidades a otros profesionales con antigüedad.
(5) San Carlos de Bariloche (IIIera. Circunscripción Judicial, RN)
(6) La cifra varía si se considera como tal a la Cámara de Apelaciones, en la que tramitan en primera instancia los procesos contencioso-administrativos.
(7) Especialmente porque resulta imposible pedir la suspensión en el cómputo de la antigüedad sin pedir la baja del sistema, para lo cual es requisito previo pedir la baja de la matrícula profesional; teniendo en cuenta que para actuar judicialmente es preciso estar matriculado y que aún bajo relación de dependencia el profesional en la mayoría de los casos prestará sus servicios para tales fines, puede fácilmente verse la perversidad diabólica del sistema.
(8) Algunas de las cuestiones que me parece esencial dilucidar son: cantidad de causas totales en trámite ante cada fuero, cantidad de causas totales en trámite ante cada fuero excluidas las de los ministerios públicos, cantidad de causas promedio por profesional, antigüedad promedio de cada profesional, cuántos profesionales jubilados continúan en ejercicio de la actividad, monto económico promedio de las causas, montos máximos de honorarios regulados, montos mínimos de honorarios regulados, cantidad total de beneficios de litigar sin gastos acordados, porcentaje de causas con honorarios regulados en cada año, porcentaje de causas con honorarios regulados y efectivamente percibidos en cada año.

Algunas cosas que la historia (de otros) nos puede enseñar

Hace un tiempo se despertó mi interés por el proceso denominado "la restauración
Meiji" a través del cual Japón pasó con una velocidad asombrosa de una cultura feudal aislacionista con base primordialmente agraria (por lo menos desde una perspectiva oficial) a una sociedad industrializada y occidentalizada. Muchas veces me había preguntado cómo pudo darse este proceso, que desde nuestra perspectiva foránea vemos como un cambio radical y aparentemente instantáneo, tanto desde lo político como lo social; así como también se me ocurrió preguntarme cómo habrían vivido ese período las personas comunes y si esos cambios fueron, a largo plazo, en beneficio del país.


Algunas ideas sobre cómo podrían haber vivido esos momentos algunas personas me las está dando -por curioso que parezca- una telenovela de la NHK que trata precisamente de ese período de cambios; la serie, con buena base histórica -por lo menos lo que se puede juzgar desde la distancia sin estar versada en el tema, pero sí chequeando las referencias que proporciona, da una pista de lo doloroso y difícil que pudo ser para muchos el cambio de paradigma, ya que de eso se trató: un choque de fuerzas que pujaban por la supremacía política pero también por preservar la autonomía nacional frente a un peligro muy certero de dominio foráneo, todo ello imbricado con creencias religiosas y morales que por momentos también chocaban violentamente.

La fuerza con que se despertó este interés me hace preguntarme el por qué; más allá de la atracción que ejerce sobre mí casi todo lo que concierne al mundo nipón, parece un poco insólito el pretender entender un proceso clave de la historia japonesa cuando apenas parece que pudiéramos entender nuestra propia historia. Y quizás allí esté la clave: es un mundo totalmente ajeno a nuestra historia, sin embargo, pueden apreciarse fuerzas en juego muy similares a las que constantemente tironean de nuestro país, sin que por otra parte nos obnubile la participación emocional en el conflicto (parece que aún nos cuesta mucho distanciarnos emocionalmente de la Revolución de Mayo, por no hablar de la conquista española o de generación del '80). Esta distancia emocional, me gusta imaginar, quizás nos pueda ayudar a comprender y encauzar nuestros propios conflictos.

En este sentido, parece un elemento muy importante para tener en cuenta que una vez establecida la supremacía del sector (o quizás sea más apropiado decir 'sectores') que resultó vencedor, con el tiempo también se incorporó a elementos significativos del grupo vencido, haciendo oídos sordos a los reclamos de una gran parte del sector "vencedor" que clamaba por la destrucción total de los vencidos; buscando una solución que a largo plazo demostró ser clave en la construcción de un país moderno, esto es, la de reconocer a los vencidos el derecho a ser tratados con respeto a su existencia y aún integrando a elementos valiosos de ese sector.

Seguramente mi interpretación es demasiado simplista y, en todo caso, provisoria, ya que tengo que profundizar más en la complejidad de hechos interrelacionados que marcaron esta época. Pero aún así, me gustaría destacar el espíritu, la inteligencia y la visión de las personas clave que posibilitaron el trapaso de poder de una forma que minimizó la destrucción, y me gustaría también transcribir estas palabras de Katsu Kaishu (-勝 海舟-, un hombre de naturaleza negociadora que indudablemente debía tener una gran personalidad) con las que intentó reflejar que el interés de la nación exigía integrar a las facciones en conflicto:

  "Ahora, a pesar de que el ejército imperial está cerrándose sobre Edo, tanto nuestro señor como sus vasallos continúan manteniendo humildemente su actitud de sumisión. Esto es porque la gente de la familia Tokugawa es uno con el pueblo de la nación... Si [los términos pedidos para la rendición] son justos, ésto será para el gran bien de la nación. Si, por el contrario, existe un sólo acto injusto, la nación colapsará. La gente se rebelará..." 

(citado por William Steele, en  "Against the Restoration. Katsu Kaishu's Attempt to Reinstate the Tokugawa Family", pub. en Monumenta Nipponica, Vol. 36, No. 3 (Autumn, 1981), pp. 299-316)

Hay que tener en cuenta que a su vez, internamente, cada sector se encontraba con fuertes diferencias de opinión, teniendo en su seno por un lado a personas como Saigoo Takamori y a Katsu Kaishu, que se daban cuenta que un conflicto armado y la consecuente destrucción del aparato productivo socavaría las bases del poder, quienquiera fuera el ganador, que debían constantemente poner freno a otros más radicales -motivados algunas veces por 'purismo' ideológico pero también muchas veces por pasiones personales- que estaban dispuestos a inmolarse en un conflicto aunque su resultado se previera adverso. Y ésto es lo que me gustaría rescatar como reflexión final: que raramente la aniquilación de una parte de la nación por otra puede producir resultados positivos y duraderos, y que la grandeza de un país depende de la participación de todos, también de los que circunstancialmente están en la vereda de enfrente.

Cierro con otra reflexión de Katsu: "Una sola columna resistente no puede sostener una casa que se cae a pedazos". Creo que sobran las palabras...

Sobre la muerte de Aaron Swartz y los delitos informáticos

Reproduzco aquí algunas reflexiones que se suscitaron en nuestra lista de usuarios de Linux en relación a las cuestiones puestas sobre el tapete por el suicidio de Aaron Swartz. El mail se inicia respondiendo a la pregunta de uno de los miembros que no entendía mucho de que se trataba un video subido por Anonymous a varios sitios, a lo que respondí :
Se trata de Aaron Swartz (https://es.wikipedia.org/wiki/Aaron_Swartz)  ,enjuiciado por haber difundido documentos académicos (aparentemente, aunque no me queda claro, protegidos por copyright) que se suicidó según lo que piensan muchos debido a las presiones y amenazas que recibió del depto. de justicia, que quería castigos ejemplares y mucha prensa, según lo que dicen algunos medios.

El tema es que después del suicidio el depto. de justicia trató de despegarse (http://blogs.wsj.com/law/2013/01/17/us-attorney-statement-on-the-prosecution-of-aaron-swartz/) con la típica lavada de manos, diciendo que nunca lo había amenazado con 35 años de cárcel o algo así sino que en última instancia la sentencia la hubiera impuesto el juez (lo que es técnicamente correcto, pero omite decir que los fiscales usan esa estimación para negociar declaraciones de culpabilidad), contra lo que dice el abogado que lo estaba atendiendo y se publicó en la página del min. justicia en julio del 2011:  http://www.justice.gov/usao/ma/news/2011/July/SwartzAaronPR.html. Hasta Linus le dedicó unas líneas en sus posts (https://plus.google.com/u/0/+LinusTorvalds/posts - es el 3ero o algo asi)  indignado por la 'lavada de manos' y tergiversación de la verdad o casi lisa y llanamente mentiras si se las analiza desde la óptica de alguien no entrenado en tecnicismos legales; mediante sus links y un poco de googleada posterior fue como me enteré de este tema.

Me parece muy interesante y coincide con reflexiones que todos venimos haciendo desde hace tiempo la observación de que debe adecuarse una legislación que transforma en un delito gravísimo la mera violación de los términos de servicio (en este contexto, vale la pena señalar que uno de los organismos afectados por la invasión cibernética de Swartz desistió de seguir con la acusación), y que debe estarse a una proporcionalidad entre los reales daños causados y la pena a imponerse. 

Tangencialmente, creo que es necesario empezar a diferenciar entre los daños reales y los potenciales. Creo que casi todos coincidirán (con la probable excepción de los abogados de copyright) que no es lo mismo un ataque informático que hace desaparecer dinero de la cuenta bancaria de alguien que el ataque que disminuye los potenciales ingresos por derechos de autor en sus varias formas, ingresos que por lo que se puede apreciar en las noticias generalmente son estimados con evaluaciones de máxima que no reflejan la posibilidad concreta de recibirlos (más de un artista dice haber recibido más dinero por la publicidad que la piratería le generaba de lo que hubiera recibido de una discográfica).

En un punto, parece correcta la afirmación de la fiscal Ortiz cuando dice que el hurto es un hurto independientemente del medio con que se cometa, sin embargo, esta afirmación omite tener en cuenta que el hurto de cosas materiales priva a su dueño en forma total de cualquier beneficio que la cosa le pudiera reportar, en tanto que el hurto de información no necesariamente priva a su propietario de todo beneficio ni causa en todos los casos la misma entidad de perjuicio. Tratar penalmente a una persona como Swartz en forma más gravosa que a un pirado que liquida decenas de pibes en una escuela no parece una actitud muy sana en lo que a política judicial se refiere.

Hay cosas del sistema penal de EEUU que desde nuestra cultura jurídica resultan incomprensibles (como esas sentencias que condenan a años de prisión que exceden 2 y 3 veces las posibilidades de una vida humana, por ejemplo), que son justamente las que permiten el tipo de excesos que se está proponiendo modificar. Creo que en nuestro esquema penal este tipo de situaciones resultaría bastante difícil que se diera.

En conexión con este debate, no puede dejar de señalarse el trabajo hecho por la EFF: https://www.eff.org/deeplinks/2013/01/part-2-effs-additional-improvements-aarons-law

lo que me mereció también algunas reflexiones que posteé: 

En la misma linea, suscribo el comentairo final del artículo que linkeaste y que traduzco libremente para los que lo quieran leer en castellano:

"Obviamente, el enjuiciamiento de Aaron refleja profundos problemas en el sistema de justicia penal que exceden en mucho la CFAA [la ley bajo la cual se lo enjuició], incluyendo la motivación a los fiscales para perseguir penalmente en forma lo más agresiva posible con tal de lograr que el acusado se declare culpable".

No sé si los fiscales en USA tendrán premios por 'productividad', en todo caso sería muy interesante tener ésto en cuenta aquí, ya que el sistema de la 'probation' podría eventualmente llevar a resultados similares si se llegan a levantar las limitaciones que tiene, muy lejos de su filosofía por otra parte. 

¿Cumplen su función los organismos recaudadores de derechos de autor?

Hace unos días tuve oportunidad de apreciar a varios amigos que, paralelamente a sus actividades diarias, se dedican a la música. Ésto me trajo el recuerdo de organismos como SADAIC (Sociedad de Autores y Compositores de Música, según la ley 17648 -uno se pregunta qué representa la “i” latina…-) y AADI-CAPIF (que en realidad son dos organismos que actúan en forma conjunta: Asociación Argentina de Intérpretes y Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas -se aggiornaron, je-), cuya función principal es, según las normas de su creación, proteger los derechos intelectuales de los artistas, en el caso de SADAIC y AADI, y de los productores de fonogramas, en el caso de CAPIF.
Una encuesta a vuelo de pájaro entre algunos conocidos me dejó con la sensación que la imagen pública que tienen esas entidades dista mucho de coincidir con los objetivos de su creación. Sensación que se consolidó cuando leí en el decreto reglamentario de la ley 17648, el decr. 5146/69, la parte donde detalla cómo se compone el directorio de SADAIC, qué categorías de socios existen, y cuáles son los requisitos para acceder a cada una de las categorías; cuestiones que me parece interesante compartir con ustedes.
Así, tenemos el art. 20º que establece las categorías básicas de ‘integrantes’: representados, socios participantes, socios honorarios, socios adherentes, socios administrados, socios activos (estos últimos además subdivididos en 4 categorías distintas según el género musical al que se dediquen mayormente).
Cada una de estas categorías es un peldaño de una escalera ascendente que implica mayores derechos, particularmente en el orden institucional. Por ejemplo, sólo los socios de la categoría “activos” pueden integrar el Directorio. Además, de los 11 Directores, sólo 2 son elegidos por los socios adherentes, los restantes sólo son elegidos por los socios activos (art. 34º).
Claro que dicho simplemente de esta manera, la cuestión no parece demasiado diferente de la mayoría de las asociaciones, y hasta parecería lógico que el derecho a determinar su conducción recaiga sobre los socios activos. Pero hay una diferencia fundamental: aquí la participación en la asociación es compulsiva; y aún otra diferencia: la categoría de ‘activo’ sólo se logra cuando se ha tenido previamente el carácter de ‘socio administrado’ durante 3 (tres) años, y además se ha participado de la liquidación de 3 (tres) períodos en un monto por lo menos igual al de un salario mínimo, y además se han grabado 12 obras distintas (con algunos recaudos distintos para la música de películas y de música erudita) (art. 26º).
Ésto en cuanto a los autores y compositores.
Veamos ahora el caso de los intérpretes. Por empezar, cabe señalar que el sitio oficial de AADI-CAPIF sólo permite acceder a la legislación a los usuarios registrados (grave violación del principio de publicidad de las normas, y algunos otros que podrían esgrimirse, como el de igualdad y derecho de defensa, particularmente teniendo en cuenta que la normativa que avala el accionar de estas entidades es de orden reglamentario y se encuentra dispersa; lo mismo puede predicarse del sitio oficial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que sólo lista la normativa aplicable sin linkear a ella). Según se indica en la parte histórica del sitio, los decretos que las autorizan a la percepción de los derechos de autor son los que llevan los número 1670/74 y 1671/74. Yendo al texto de los decretos (que tuve la suerte de conseguir con mi proveedor habitual, la base de datos del Ministerio de Economía), vemos que se refieren exclusivamente a la reproducción de música grabada, no a la interpretación en vivo. Sin embargo, queda flotando también un tufillo extraño, ya que según el art. 1º del decreto 1671/74 indica que “..la representación dentro del territorio nacional, de los intérpretes argentinos y extranjeros… será ejercida por la Asociación Argentina de Intérpretes (A.A.D.I.), quedando asimismo autorizada como entidad única a convenir con terceros la recaudación, adjudicación y distribución de las retribuciones que perciba…”. ¿Cómo debe leerse eso de “convenir la distribución de las retribuciones“?? Y encima con terceros!!?? ¿No era que son las remuneraciones de los intérpretes? ¿No debería “distribuírselas” a sus legítimos propietarios/generadores?
En fin, hay mucha tela para cortar en estas cuestiones, parece un caso más de los que yo llamo “entidades autoconservantes“, creadas con una finalidad casi mutualista que terminan fagocitando a sus presuntos beneficiarios.
Sin embargo, no quiero quedarme sólo con mis suposiciones e interpretaciones. Por eso a continuación preparé una pequeña encuesta casera, que, si bien es anónima y a-científica (no queda registro de quién responde qué cosa, ni se lleva con rigor metodológico), pido se conteste con buena fe y tratando de no tergiversar los resultados. Desde aquí pueden completar la encuesta.

Conflictos sociales

Este fin de semana estuve en unas jornadas dedicadas al abordaje de conflictos sociales complejos, organizada por la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche (v. aquí la nota).

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Fueron tres días muy movilizadores, y una excelente iniciativa de la Defensoría. El expositor, Dr. Alejandro Nató, fue a su vez Defensor del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires por el año 2003, además de venir trabajando en cuestiones de alta conflictividad social desde hace varias décadas. Trabajamos en varios grupos distintos conflictos de esta ciudad (elegidos por cada grupo), tratando de enfocarlos metodológicamente con una matriz de análisis. Como no podía ser de otra manera, estuvieron presentes los conflictos más álgidos que tuvo esta ciudad en los últimos tiempos, lo que fue muy rico porque en cada grupo había representantes de las distintas posturas en que se había polarizado la comunidad; ésto hizo que el encuentro pueda transformarse en punto de partida -y espero que así sea- para que podamos aprender a escucharnos en forma activa y sin violencia. El propio Dr. Nató explica en una entrevista a un medio local sus objetivos y aspiraciones en la realización de estas jornadas.
Fueron muchos los temas abordados, lo que por una parte no nos permitió profundizar en ninguno de ellos pero por otro lado nos mostró la amplitud de temáticas que suelen entremezclarse en los conflictos, especialmente los conflictos colectivos y/o violentos: diferencias culturales, diferencias en la asignación de significados a los gestos y/o palabras (motivadas muchas veces por diferencias culturales pero no siempre), acceso a recursos, miedos, cuestiones de poder, cuestiones de prestigio y/o de autoestima, la percepción de la propia situación y de la situación en que se encuentra el otro lado de la relación, etc. Temáticas que también salpican a los conflictos de violencia familiar, a lo que el Dr. Nató dedicó unas palabras en el último encuentro, haciendo referencia a las experiencias del Dr. Eduardo J. Cárdenas sobre las que comenté en mi otro blog.

De cómo los funcionarios públicos olvidan que lo son

Esta mañana me sorprendió la noticia de cuánto dinero estima necesitar un organismo recientemente creado para poder funcionar: el Consejo de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche considera que necesita un mínimo de $ 1.500.000.- para iniciar sus actividades.

Si bien el título de la noticia, como de costumbre, es efectista, y seguramente hacer un trabajo serio de planificación cueste una suma considerable de dinero, considerando que la Municipalidad tiene sus números más que en rojo (ver, el mismo día, el pedido de autorización para girar en descubierto y la deuda declarada), hay algunas cosas que llaman la atención:

- Que se pidan algo más de u$s 10.000.- (en $$: $ 50.000.-)para el pago de licencias. Surge la pregunta de cuáles son esas licencias y si todas ellas son necesarias o simplemente son la única herramienta que conocen las personas que postulan su utilización. También surge la duda de si alguna de esas licencias, o en su defecto software de similares prestaciones no podría conseguirse de universidades u organismos académicos como aporte gratuito. - Que necesiten gastar $ 30.000.- para acondicionar un edificio, cuando hay una importante estructura municipal que queda ociosa durante 2/3 del día. - Que se necesiten $ 150.000.- para compra de computadoras e impresoras cuando existe un parque computarizado muy importante y relativamente actualizado dentro del Municipio. - Que se necesiten 10 técnicos "senior", sin previsiones para personal subalterno que realice el trabajo administrativo y las tareas de campo bajo la dirección profesional de ese personal. - Que no se prevea la capacitación de personal estable. - Que no se den más precisiones sobre algo tan difuso como gasto en "comunicación y talleres",

Obviamente, para obtener buenos resultados en cualquier emprendimiento, es necesario invertir; pero acá parece que más que invertir, se está aumentando el gasto, sin optimizar el uso de recursos ya existentes, y obviamente sin un control de calidad de gestión: ¿quién y cómo se determina el éxito de la actividad propuesta?. Que la mayoría de las dependencias municipales trabaje menos de 8 hs. diarias, quedando la infraestructura ociosa durante el resto del día, en concidiones de falta de recursos ya es un despilfarro...

Se ve una vez más cómo los funcionarios pierden toda conexión con la realidad en la que les toca estar insertos, olvidando también que es la comunidad a la que sirven (o más bien, deberían servir) la que con su esfuerzo les paga tanto sus sueldos como la infraestructura de apoyo... Esto también es corrupción.

Texto completo del discurso de presentación del "Código de Conducta"

Sobre el Proyecto 226/2010, de adopción del “CODIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY".

Preocupados por la creciente inseguridad que se percibe en la zona Andina, ya en el mes de marzo del corriente año presentábamos este proyecto, tendiente a dotar a las fuerzas de seguridad de la Provincia de pautas de conducta respetuosas de los Derechos Humanos, tal como fueran propuestas por la Resolución 34/169 de las Naciones Unidas en su “Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”. Dicho “Código de Conducta” establece presupuestos básicos para la actuación de las fuerzas represivas en orden a hacer posible el desarrollo de sus funciones en un marco de protección de la dignidad humana y de defensa de los derechos humanos.
Motivaba el proyecto la constatación de que, pese a haber adherido la Provincia mediante ley 2735 en el año 1994 a la ley nacional 24.059, de Seguridad Interior, y de ordenar ésta, en su art. 22°, que los organismos de seguridad incorporen a sus respectivos reglamentos las recomendaciones contenidas en la Resolución 34/169, hasta la fecha -más de 15 años después- nada se había hecho al respecto.
Entendemos que los derechos humanos son operativos para todos los seres humanos por su sola existencia, sin necesidad de ser expresamente declarados; fueron reconocidos desde mucho antes de su existencia conceptual, considerándose desde antiguo que había derechos naturales, anteriores y superiores al propio Estado. Sin embargo para lograr su efectiva vigencia los pueblos necesitan de instrumentos que encaucen y den marco al accionar de sus agentes públicos, en especial el de aquellos destinados a velar por el cumplimiento de las leyes; quienes, debido a las particulares características de sus funciones, se encuentran constantemente en situaciones límite que podrían conducirlos con facilidad a violaciones a los derechos humanos en ausencia de pautas claras de conducta debidamente internalizadas.
Los violentos sucesos ocurridos recientemente en la ciudad de San Carlos de Bariloche nos han demostrado lo acertado de nuestra preocupación. La ausencia de reglas de conducta claras y precisas ha causado una honda división en la ciudadanía, generando una polarización ideológica incomprensible y seguramente artificiosa; polarización que una aproximación superficial pudo leer como que una parte de ella se encontraba “a favor de los derechos humanos” en tanto que otra se encontraría en la vereda opuesta. Creemos que tal sería una lectura extremadamente simplista; estamos seguros que nadie podría estar sinceramente “en contra de los derechos humanos”, que ninguna persona aceptaría sin más el pisoteo de sus derechos como tal.
Es por ello que decimos que lo que esta polarización puso en realidad al descubierto fue la ausencia de normas de conducta claras acerca del modo de actuar en circunstancias límite, con un absoluto respeto por la vida y la dignidad humanas y consecuente gradación del uso de la fuerza tendiente a la consecución del objetivo primordial encomendado a las fuerzas de seguridad.
Nos hemos encontrado en este aspecto con un vacio normativo, que el proyecto que presentamos a los Sres. Legisladores procura cubrir.
Seguidamente haremos un breve resumen de las propuestas del presente proyecto a los fines de ilustrar más acabadamente su trascendencia.
Tal como señaláramos oportunamente, el “Código de Conducta” nace a partir de una honda preocupación de las Naciones Unidas frente a la observación de que en muchos países el respeto de la ley era soslayado precisamente por los funcionarios encargados de hacerla cumplir, en particular en lo atinente a la protección de los derechos humanos, recordando que el sustento del gobierno democrático se asienta en su necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades a todos los habitantes para el ejercicio de los derechos fundamentales, derechos resumidos en las convenciones internacionales de derechos humanos entretejidas en nuestro cuerpo constitucional a partir del año 1994.
Es por ello que ya en el año 1979 las Naciones Unidas adoptaron una serie de recomendaciones tendientes a asegurar el respeto por los derechos humanos por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, entendiendo por tales en forma específica a los agentes de las fuerzas de seguridad; en el comentario a su art. 1° se explica que “La expresión "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención”. Por imperio de dicho art. 1° se impone a dichos funcionarios la obligación de cumplir “en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”; extiende tal obligación también a toda fuerza militar o de seguridad que ejerza las funciones mencionadas, y explica lo que debe entenderse por “servicio a la comunidad”: “prestación de servicios de asistencia a los miembros de la comunidad que, por razones personales, económicas, sociales o emergencias de otra índole, necesitan ayuda inmediata”.
En su artículo 2do el “Código de Conducta” establece tajantemente la obligación de respetar y proteger los derechos humanos: “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”, refiriendo expresamente a la mayoría de instrumentos que, a partir del año 1994 han sido incorporados a nuestra Constitución Nacional (Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio), además de otros que, si bien no integran el bloque de constitucionalidad, deben necesariamente considerarse comprendidos por ser derivación de los anteriores: la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
En relación al uso de la fuerza, el “Código de Conducta” también es preciso: los sujetos alcanzados por sus disposiciones “podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”; destacando que el uso de la fuerza es eminentemente excepcional y que jamás podrá usarse en la medida en que exceda los límites de lo razonablemente necesario y proporcionado al objeto legítimo que se pretende lograr.
En este contexto, el uso de armas de fuego recibe atención especial, estableciéndose que deberá hacerse todo lo posible por excluir su uso, en particular contra niños, sentando como principio que las mismas no deberán ser utilizadas. La única excepción a este principio es “cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas”. Seguidamente impone una obligación adicional para el caso de que pese a todas las previsiones se hubieran utilizado armas de fuego: la de informar en forma inmediata a la autoridad competente; la determinación de dicha autoridad competente queda, naturalmente, librada a la legislación interna de cada país o -como en nuestro caso- cada provincia y que, en el proyecto propuesto, es el Ministerio de Gobierno.
Esta parte del “Código...” se complementa, formando un cuerpo único, con los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, adoptados por el 8vo. Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en La Habana en el año 1990. Dichos “Principios ... “ fueron adoptados teniendo en cuenta por una parte que la amenaza a la vida o a la seguridad de dichos agentes debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad -destacando en sus considerandos que su labor constituye un servicio social de gran importancia- en tanto que, por otro lado, resulta imperioso conciliar el empleo de la fuerza y las armas de fuego con el debido respeto de los derechos humanos; importante es resaltar que dichos “Principios Básicos..” recomiendan enfáticamente, a fin de garantizar la adecuada compatibilización de esos intereses en cierto modo contrapuestos, mantener y mejorar las condiciones de trabajo de los agentes de las fuerzas de seguridad, proporcionándoles los elementos materiales y de capacitación que les permitan enfrentar los riesgos propios de sus tareas sin temer por sus vidas o su integridad; ni la de sus familias, deberíamos aclarar, las que en muchos casos padecen grandes privaciones y se encuentran sujetas a presiones sociales de todo tipo por el solo hecho de serlo.
Seguidamente, impone un deber de confidencialidad, obligando a mantener reserva de las informaciones que afecten la vida privada de las personas, relevando del mismo exclusivamente para el cumplimiento de las funciones encomendadas o para realizar la justicia.
A continuación de los principios de orden general precedentemente enunciados, el “Código de Conducta” incorpora las previsiones de la “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, imponiendo además obligaciones activas en relación a tales conductas. Pues no basta en la concepción del “Código... “ con abstenerse de “infligir, instigar o tolerar” actos de tal naturaleza, sino que el agente que tomare conocimiento de su comisión debe ponerlos en conocimiento de sus superiores o a cualquier otra autoridad u organismo que resultare necesario (art. 8vo : “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas”.
Por el art. 6to se impone a los funcionarios comrpendidos la obligación de velar por la salud de las personas bajo su custodia y de proveer a su adecuada e inmediata atención médica.
El art. 7mo prohíbe todo acto de corrupción, mandando igualmente una oposición activa contra ellos.
Queda claro entonces que el “Código de Conducta..” cuya adopción propugnamos comprende tanto a los agentes encargados de la prevención y persecución del delito como así también a los agentes del servicio penitenciario, respecto de los cuales contiene, como hemos visto, previsiones tendientes a evitar maltrato o denigración a las personas privadas de libertad y garantizar su salud e integridad. En relación con los agentes del servicio penitenciario, el mismo debe considerarse complementado con las “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
Resulta de lo expuesto que el “Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” constituye un marco amplio de referencia para compatibilizar la seguridad pública con el respeto de los derechos humanos y por ende una herramienta fundamental para re-encauzar un tejido social que se ha venido desintegrando por ausencia de reglas que garanticen que el accionar de las fuerzas represivas se regirá por el respeto a la ley y a la dignidad humana.
Es por ello que en el Proyecto que ahora sometemos a consideración de los Sres. Legisladores hemos previsto además que la enseñanza del “Código de Conducta..” debe incorporarse a los programas de estudio de las instituciones integrantes del Sistema Provincial de Seguridad Pública y que la omisión de su estudio será obstáculo para el ascenso.
En suma, estamos convencidos de que este proyecto viene a llenar un vacío normativo dando algunas de las respuestas que la sociedad toda viene reclamando en materia de seguridad pública.