Sigo todavía sorprendida por la irrracionalidad que domina el análisis de la cuestión de Babilonia (para los que no son de acá: boliche bailable de 5ta. categoría, ubicado en la ciudad de Bariloche). El componente más destacado de esa irracionalidad se puede ver aqui, bajo la etiqueta "politica".
Si bien se trata justamente de eso, "política", la sensación de ser un fusible político no es agradable.
Por eso, y porque siempre me pareció importante analizar las cosas más allá de las emocionalidades del momento, estoy escribiendo estas líneas.
Para los que no estén en tema, es importante decir que hace aproximadamente dos semanas se mataron cuatro chicos (de un grupo de 7 que iban en un auto), por conducir corriendo picadas, en estado excesivamente alcoholizado, después de salir de ese boliche un jueves al amanecer. El sentir popular culpa al boliche (Babilonia) por ese accidente (y lo que sigue no debe interpretarse en modo alguno, tampoco, como negación de la responsabilidad que, también lo creo, le cabe).
Es en este marco que se desarrolla la audiencia fijada por la justicia en el juicio que se le sigue al dueño de Babilonia por violación de clausura. Un resumen de algunas de las alternativas más importantes del juicio puede verse en esta pagina, bajo la etiqueta "judiciales".
Tal como se explica en ese resumen, el juicio se inició imputando a uno de los dueños del establecimiento el delito de "desobediencia" (un delito con una pena mínima de quince días y máxima de un año, excarcelable y de posible cumplimiento condicional, según el art. 239 del Código Penal) por no haber acatado la clausura que ordenara la Jueza de Faltas de la Municipalidad. El objeto de la audiencia era determinar la posibilidad de encontrar pautas de conducta que pudieran encauzar su actividad en el marco de la legalidad, excluyendo la sanción penal (que de todos modos con la mayor probabilidad carecería de efectos prácticos inmediatos, al ser de cumplimiento condicional). Estas audiencias están expresamente previstas por el Código de Procedimientos Penal de la Provincia para este tipo de delitos.
Es así que, llegada la audiencia, el imputado ofrece cumplir la clausura que en su momento dispusiera la Jueza de Faltas y en ese tiempo habilitar el establecimiento según las leyes vigentes; ofrecimiento que yo, como apoderada de la Municipalidad, acepté, en la medida en que se cumpliera estrictamente con lo ofrecido, es decir, mantener cerrado mientras se ponían las cosas en regla.
Este acuerdo no significaba ni más ni menos que cumplir lo que en su momento había ordenado la Jueza de Faltas: que el boliche cerrara hasta que tuviera la habilitación correspondiente.
Nunca imaginé que eso desataría una lluvia de emociones y ataques (personalizados, incluso, como puede verse en la nota del "Cordillerano" que se menciona más arriba). Esperaba algún tipo de reacción, claro, porque el boliche mismo está cuestionado socialmente; pero la actividad no está prohibida (es decir, el cuerpo legislativo de la ciudad no la declaró ilegal), y hasta donde yo sé, en un estado de derecho (un objetivo por el que la humanidad viene luchando hace dos mil años) no se puede prohibir hacer lo que las leyes no prohiben.
Después de analizar un poco más la cuestión y escuchar algunas opiniones, me dí cuenta que la sensación era que "se le daban más oportunidades" al boliche, frente al sentimiento generalizado de que había que limpiarlo de la faz de la tierra. Y es aquí donde entra la irracionalidad: el resultado de la audiencia no es darle más oportunidades, aunque a los ojos desprevenidos pueda parecerlo.
De no haberse hecho ese acuerdo, la acción penal probablemente hubiera seguido. Se habría impuesto una condena de cumplimiento condicional o una 'probation' al imputado, que es, no debe olvidarse, sólo uno de los dueños; el otro no quedó comprendido en la causa penal, a pesar que había sido también denunciado junto con él.
¿Qué hubiera impedido en ese caso que el boliche siguiera funcionando como siempre, en el borde de la legalidad? ¿Evadiendo los controles e intimaciones, habilitandolo a nombre de un socio o de un testaferro?
Es precisamente por eso que este acuerdo no da más oportunidades al boliche; sí le da una oportunidad al socio implicado en la causa penal de entrar en el sistema y hacer las cosas bien; sí le da una oportunidad a las autoridades de controlar más, ya que ahora se suman los controles de la Municipalidad y de la Justicia penal.
Y le da una oportunidad a la sociedad toda de empezar a hacer las cosas seriamente.
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