Cada vez se hace más evidente que estamos viviendo los síntomas de la vuelta a la barbarie, al mejor estilo de la Roma decadente. Ayer mataron brutalmente a un policía en Irlanda sin ninguna otra razón que protestar contra la autoridad que representaba; volvieron los atentados donde mueren cantidades de personas inocentes en un país que está en el corazón de lo que nadie dudaría en llamar 'mundo desarrollado' - eso sin contar las cantidades de personas que mueren todos los días asesinadas solo por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, en cualquier parte del mundo.
O, en un terreno más cotidiano, quienes se ven privados de educarse, trabajar o desarrollarse por la paralización violentamente impuesta.
Brutalidad, violencia, sinrazón que se manifiestan por todas partes y que no sólo resultan cada vez más incontenibles sino que son hasta aplaudidas desde el discurso de un número creciente de grupos que aspiran a tomar el poder, generar caos o váyase a saber qué.
La pregunta que surge es: ¿quiénes son los destinatarios de las acciones? Lo primero que se advierte es que no buscan una respuesta o alguna reacción o satisfacción desde quienes las sufren (ni siquiera pensándolos como parte de un grupo); lo que caracteriza estas acciones es que quienes las padecen (a veces con la muerte o la mutilación) son personas que viven, trabajan y respiran en el mismo entorno que quienes las cometen y poco o nada pueden hacer para cambiar la realidad contra la que se alzan sus autores.
En el otro extremo, las instituciones; en particular aquellas que representan nichos de poder gubernamentales. Son éstas y sus funcionarios los verdaderos destinatarios de todas aquellas agresiones, ya no importa si con fundamentos o no. Se ha instalado en el imaginario colectivo la idea de que las instituciones no representan a aquellos a quienes deben representar, y por ende nada de lo que digan o hagan será tenido en cuenta; a lo sumo será un motivo más para exacerbar el conflicto.
El discurso se hace cada vez más irracional, las acciones son cada vez más extremas, y la parálisis de las instituciones es cada vez mayor. Hemos llegado al punto en que resulta casi imposible determinar quién tiene razón y quién está equivocado, lo más probable es que aún ésto esté entremezclado y las razones de uno sean errores de otro. Quizás en este estado, ni siquiera resulte importante saber quién tiene razón.
Lo que sí es ineludible es el tomar conciencia (por parte de todos los involucrados) de que por este camino nada se construye, y que quien termine 'ganando' sólo será dueño de un montón de escombros que no le darán las respuestas que esperaba. En este sentido, la responsabilidad primaria es de las instituciones; deben sacudirse la inercia que su propia estructura les crea y salir a confrontar sus (pre)conceptos con la realidad a la que deben aplicarse, volver a las fuentes y repensar sus estructuras.
Claro que las instituciones se mueven a través de personas, y para que eso ocurra, deben a la vez los funcionarios tomar conciencia de que por el camino que están transitando van a una muerte segura, en el plano institucional al menos; ésto más bien en el mediano que en el largo plazo, según yo lo veo. Ya no se trata tampoco (exclusivamente) de determinar si los funcionarios son corruptos o no, si sólo piensan en un enriquecimiento egoista o simplemente no saben actuar de otra manera porque siempre se han hecho así las cosas,;es urgente que despierten a la realidad!
Y también conviene aclarar que la responsabilidad no exclusivamente de los funcionarios, que al fin de cuentas son las caras visibles y conocidas; más allá de algunos casos groseramente desconectados de la realidad, la inercia de las instituciones enraiza casi siempre en las caras anónimas que casi nunca actúan según iniciativa y criterio propios y que raramente se sienten parte del problema, mucho menos de la solución.
O, en un terreno más cotidiano, quienes se ven privados de educarse, trabajar o desarrollarse por la paralización violentamente impuesta.
Brutalidad, violencia, sinrazón que se manifiestan por todas partes y que no sólo resultan cada vez más incontenibles sino que son hasta aplaudidas desde el discurso de un número creciente de grupos que aspiran a tomar el poder, generar caos o váyase a saber qué.
La pregunta que surge es: ¿quiénes son los destinatarios de las acciones? Lo primero que se advierte es que no buscan una respuesta o alguna reacción o satisfacción desde quienes las sufren (ni siquiera pensándolos como parte de un grupo); lo que caracteriza estas acciones es que quienes las padecen (a veces con la muerte o la mutilación) son personas que viven, trabajan y respiran en el mismo entorno que quienes las cometen y poco o nada pueden hacer para cambiar la realidad contra la que se alzan sus autores.
En el otro extremo, las instituciones; en particular aquellas que representan nichos de poder gubernamentales. Son éstas y sus funcionarios los verdaderos destinatarios de todas aquellas agresiones, ya no importa si con fundamentos o no. Se ha instalado en el imaginario colectivo la idea de que las instituciones no representan a aquellos a quienes deben representar, y por ende nada de lo que digan o hagan será tenido en cuenta; a lo sumo será un motivo más para exacerbar el conflicto.
El discurso se hace cada vez más irracional, las acciones son cada vez más extremas, y la parálisis de las instituciones es cada vez mayor. Hemos llegado al punto en que resulta casi imposible determinar quién tiene razón y quién está equivocado, lo más probable es que aún ésto esté entremezclado y las razones de uno sean errores de otro. Quizás en este estado, ni siquiera resulte importante saber quién tiene razón.
Lo que sí es ineludible es el tomar conciencia (por parte de todos los involucrados) de que por este camino nada se construye, y que quien termine 'ganando' sólo será dueño de un montón de escombros que no le darán las respuestas que esperaba. En este sentido, la responsabilidad primaria es de las instituciones; deben sacudirse la inercia que su propia estructura les crea y salir a confrontar sus (pre)conceptos con la realidad a la que deben aplicarse, volver a las fuentes y repensar sus estructuras.
Claro que las instituciones se mueven a través de personas, y para que eso ocurra, deben a la vez los funcionarios tomar conciencia de que por el camino que están transitando van a una muerte segura, en el plano institucional al menos; ésto más bien en el mediano que en el largo plazo, según yo lo veo. Ya no se trata tampoco (exclusivamente) de determinar si los funcionarios son corruptos o no, si sólo piensan en un enriquecimiento egoista o simplemente no saben actuar de otra manera porque siempre se han hecho así las cosas,;es urgente que despierten a la realidad!
Y también conviene aclarar que la responsabilidad no exclusivamente de los funcionarios, que al fin de cuentas son las caras visibles y conocidas; más allá de algunos casos groseramente desconectados de la realidad, la inercia de las instituciones enraiza casi siempre en las caras anónimas que casi nunca actúan según iniciativa y criterio propios y que raramente se sienten parte del problema, mucho menos de la solución.
