El día 24 de febrero la Corte Suprema de Justicia (Argentina) declaró la inconstitucionalidad de la ley 25783, que imponía a las proveedoras de servicios de telecomunicaciones (internet, principalmente) la obligación de conservar registros de los datos personales de sus usuarios y un archivo de la totalidad de las comunicaciones que efectuaran por un lapso de 10 años, con el fin de permitir a la justicia realizar investigaciones.
Lo trascendente del fallo no es la inconstitucionalidad en sí (fundada en la violación de intimidad sin causa justificada), que era una idea que ya estaba podría decirse instalada previamente, sino la aceptación de que cualquier usuario perjudicado pueda iniciar una acción y que sus resultados sean aplicables a la totalidad del universo que él representa.
Algunos comentarios sobre esta cuestión los hice aquí.
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