Estamos a casi fines del mes de octubre de 2009. Un mes que ha sido muy complicado en la Provincia de Río Negro (Argentina); o más bien, lo ha sido en todo el país, los padecimientos de esta provincia los vienen sufriendo otras cuantas provincias argentinas.
Este mes los empleados que cobran sus sueldos de la Provincia vieron con gran angustia cómo se cernía la incertidumbre sobre sus cabezas, no sabiendo si iban a cobrar sus sueldos, y en su caso, cuándo. Finalmente, la mayoría cobró relativamente en fecha, salvo dos grupos con sueldos mayores que el promedio: los legislativos y los judiciales. Al día 15 del mes, todavía no se sabía cuándo cobrarían.
Como es de imaginar ésto generó bastante zozobra, ya que casi todos revivieron el fantasma de lo ocurrido en el año 1995, cuando pasaron varios meses sin que se les abonaran los sueldos.
Pero más allá de la comprensible angustia, la reacción fue aún más incomprensible en un estado que pretende ser organizado; en este caso, me referiré especialmente a los empleados judiciales, cuyo accionar fue el que más afectó a la comunidad - o mejor dicho, a un sector de ella.
Llegada la fecha habitual de cobro sin que se hubieran depositado los sueldos, comenzaron de inmediato a parar sorpresivamente, algunos días 2 horas, otros 3 horas, otros días por completo; todo ello sin informar previamente a los usuarios del servicio de justicia, que se encontraban de buenas a primeras en la imposibilidad de presentar sus escritos o peticiones.
De más está decir que ni los abogados que pretendían continuar con su trabajo, ni las personas a las que esos abogados representan tienen algún poder para obligar al gobierno provincial a abonar los sueldos en término, o en determinadas fechas. Sin embargo, es precisamente a ellos que las medidas adoptadas perjudicaban, al impedir de manera casi total el desarrollo de sus actividades propias.
Ésto, que a esta altura ya resulta corriente y comúnmente aceptado, en el caso particular de los empleados judiciales reviste, a mi criterio, una enorme gravedad y representa una contradicción intrínseca descomunal. Puesto que las mismas personas que tienen a su cargo exclusivo la aplicación de la ley parecen olvidarse de esa circunstancia, y reclamar acciones 'justas' de otros organismos; en lugar de utilizar todas las herramientas que la ley pone a su disposición, utilizan vías de hecho; medidas extremas que caen con todo su peso sobre quienes nada pueden hacer para modificar su realidad y que por otra parte pagan un altísimo costo por tener el 'privilegio' de utilizar sus servicios (en la Provincia de Río Negro cada juicio que se inicia tributa el 2,5xmil del monto reclamado, por cada diigencia que se deba realizar dentro del trámite, deben además oblarse nuevos aranceles -verdaderos gravamenes- además de otros gastos conexos no destinados específicamente al Poder Judicial).
Es por ésto que digo que las medidas de acción directa adopadas por los empleados judiciales son un monumento a la incongruencia, ya que siendo los artífices de las soluciones legales, envían un mensaje de total descreimiento respecto de las herramientas que ellos mismos están encargados de manejar. ¿No equivale ésto a confesar inoperancia?
(este post fue publicado originalmente en el forodedenuncias
No comments:
Post a Comment